Obtención de crédito
El informe Doing Business mide los derechos legales de los acreedores y deudores y la transparencia de la información de crédito. El primer grupo de indicadores describe la efectividad de las leyes sobre la garantía y la quiebra para facilitar los préstamos. El segundo grupo mide la cobertura, alcance, calidad y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los registros de crédito públicos y privados. Los datos sobre los derechos legales de prestatarios y prestamistas se recopilan con una encuesta a bogados financieros, cuyos resultados se verifican mediante el análisis de las leyes y regulaciones, así como de las fuentes públicas de información sobre leyes de garantía y de la quiebra. Los datos sobre la divulgación de la información crediticia se construyen en dos etapas. En primer lugar se realizan consultas a las autoridades de control de la banca y a otras fuentes de información pública para confirmar la existencia de registros públicos de crédito y burós privados de crédito. En caso afirmativo, en segundo lugar se realiza una encuesta detallada al registro de crédito sobre la estructura de los registros/burós de crédito públicos o privados, sobre las leyes y las normas vinculadas a los mismos. Las respuestas de la encuesta se verifican a través de varias rondas de comunicaciones de seguimiento, tanto con los participantes como con terceras partes con las que se contacta y con fuentes públicas. Los datos de la encuesta se confirman mediante llamadas por teleconferencias o visitas in situ en todos los países.
Índice de fortaleza de los derechos legales
El índice de fortaleza de los derechos legales mide el grado en que las leyes de garantía y de la quiebra protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así lo préstamos. El índice incluye siete aspectos relacionados con los derechos legales en las leyes de garantía y tres aspectos relacionados con las leyes de la quiebra. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes características de las leyes:
- Se permite una descripción genérica de los activos en los contratos de garantía, en vez de exigir una descripción detallada.
- Se permite una descripción genérica de la deuda en los contratos de garantía, en vez de exigir una descripción detallada.
- Cualquier persona física o jurídica puede otorgar u obtener garantía sobre la propiedad.
- Existe un registro unificado que incluye las cargas que graven los bienes muebles.
- Los acreedores garantizados tienen prioridad, al margen de un estado de quiebra.
- Los acreedores garantizados, con prioridad sobre otras partes como el gobierno o los trabajadores, son los primeros en recibir lo adeudado con los beneficios de la liquidación de una sociedad en quiebra.
- Los acreedores garantizados pueden embargar su garantía cuando un deudor entra en un proceso de reorganización: no existe un "aplazamiento automático de las acciones" o una "aseguramiento de los bienes" impuesto por los tribunales.
- La gerencia de la empresa se mantiene al margen durante la reorganización: un administrador es el responsable de gestionar el negocio durante la reorganización.
- Las partes pueden acordar en el contrato la ejecución extrajudicial de la garantía.
- Por ley, y sin necesidad de contrato previo, los acreedores pueden embargar y subastar las garantías al margen de los tribunales, sin restricción alguna.
El índice varía de 0 a 10; los valores superiores indican que las leyes de garantía y de la quiebra están mejor diseñadas para ampliar las posibilidades de acceso al crédito.
Índice de alcance de la información crediticia
El índice de alcance de la información crediticia analiza las reglas que influyen en la profundidad, accesibilidad y calidad de la información crediticia disponible en los burós públicos o privados de crédito. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes seis características de los registros públicos o los burós privados de crédito (o ambos):
- Se divulga información crediticia tanto positiva (por ejemplo, cantidad del préstamo e historial de pagos puntuales) como negativa (por ejemplo, pagos demorados y número y cantidad de impagos, así como las quiebras).
- Se distribuye información tanto de empresas como de individuos.
- Se dispone de datos de minoristas, agencias comerciales de crédito o empresas de suministros públicos, y también de instituciones financieras.
- Hay disponibilidad de datos históricos durante más de dos años. Los registros que eliminan los datos de los impagos tan pronto como se salda la deuda obtienen una puntuación de 0 para este indicador.
- Se dispone de información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per cápita. Un registro debe tener una cobertura mínima del 1% de la población adulta para obtener una puntuación de 1 en este indicador.
- Por ley, los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos en el registro más grande del país.
El índice varía de 0 a 6; los valores superiores indican una mayor disponibilidad de información crediticia ya sea de registros públicos o burós privados de crédito, lo que facilita las decisiones sobre concesión de préstamos. Si el registro no es operativo o tiene una cobertura inferior al 0,1% de la población adulta, la puntuación en este índice de profundidad es 0.
Por ejemplo, en Turquía funcionan dos registros, uno público y uno privado. Ambos registros divulgan tanto información positiva como negativa (puntuación de 1). El buró privado distribuye datos sólo de individuos, pero el registro público se ocupa tanto de empresas como de individuos (puntuación de 1). Ambos tipos de registro comparten sus datos sólo con instituciones financieras; no se recopilan datos de empresas minoristas o empresas de suministros públicos (puntuación de 0). El buró privado distribuye más de 2 años de datos históricos (puntuación de 1). El registro público recopila datos sólo de préstamos de US$ 3.493 (64% del ingreso per cápita) o más, pero la oficina privada recolecta información en préstamos de cualquier valor (puntuación de 1). Los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos tanto ante el buró privado como ante el registro público (puntuación de 1). Tras sumar estos indicadores, resulta que Turquía obtiene una puntuación total de 5.
Cobertura del registro público de crédito
El indicador de cobertura del registro público de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en el registro público de crédito que incluyen información actualizada sobre el historial de repagos, deudas impagadas o crédito pendiente. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta. Un registro público de crédito se define como una base de datos gestionada por el sector público, normalmente por el banco central o la superintendencia bancaria, que recopila información sobre la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y lo pone a disposición de las instituciones financieras. Si no hay un registro público operativo, el valor de cobertura es 0.
Cobertura del buró privado de crédito
El indicador de cobertura del buró privado de crédito señala el número de individuos y empresas con datos en los burós privados de crédito que incluyen información actualizada sobre el historial de repagos, deudas impagadas o crédito pendiente. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta. Un buró privado de crédito se define como una empresa privada u organización sin fines de lucro que gestiona una base de datos acerca de la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y facilita el intercambio de información crediticia entre bancos e instituciones financieras. No son objeto de estudio las oficinas de investigación de crédito y las empresas de información de crédito que no permitan directamente el intercambio de información entre bancos e instituciones financieras. Si no existe un buró privado de crédito, el valor de cobertura es 0.
Esta metodología ha sido desarrollada en Djankov, McLiesh y Shleifer (2007) y se ha empleado aquí con pequeñas modificaciones.