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Cumplimiento de contratos

Los indicadores sobre el cumplimiento de contratos miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice sobre la calidad de los procesos judiciales, el cual evalúa si cada una de las economías que cubre el proyecto Doing Business ha adoptado una serie de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial. Los datos se recolectan a través del estudio de los códigos de procedimiento civil y de otras reglamentaciones judiciales, así como mediante cuestionarios debidamente completados por abogados litigantes y por jueces locales. La clasificación en la facilidad de cumplimiento de contratos se determina al ordenar las economías respecto de la medición de la distancia a la frontera con base en las puntuaciones de los indicadores sobre el cumplimiento de contratos. Estos resultados corresponden al promedio de las puntuaciones en la medición de la distancia a la frontera para cada uno de los sub-indicadores que la componen.

Eficiencia al resolver una disputa comercial

Los datos sobre el tiempo y el costo se construyen siguiendo la evolución paso a paso de una disputa comercial. Los datos se recolectan respecto a un tribunal específico en cada ciudad cubierta por el proyecto, bajo los supuestos del caso de estudio, el cual se describe a continuación. El tribunal es aquel con jurisdicción sobre las disputas de un valor de 200% del ingreso per cápita, o $5,000 dólares, lo que sea mayor. El nombre del tribunal competente en cada economía se encuentra publicado en el sitio web de Doing Business en http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts. Para las 11 economías en las cuales también se recolectan datos en la segunda ciudad más importante para los negocios, el nombre del tribunal competente en esa ciudad también se encuentra publicado en el mismo sitio web.

Suposiciones acerca del caso

    •  El valor de la demanda es equivalente al 200% del ingreso per cápita de la economía o $5,000 dólares, cualquiera que sea mayor.

    •  La disputa comercial se refiere a una transacción legal realizada entre dos empresas domésticas (Compradora y Vendedora), ambas localizadas en la ciudad más relevante para los negocios en cada economía. Asimismo, en 11 economías también se recolectaron datos para la segunda mayor ciudad de negocios. Con base en un contrato entre comerciantes, Vendedora vende a Compradora muebles hechos a medida por un valor equivalente al 200% del ingreso per cápita de la economía o $5,000 dólares, cualquiera que sea mayor. Tras la entrega de los bienes, Compradora rehúsa efectuar el pago alegando que la mercancía recibida no es de una calidad adecuada. Teniendo en cuenta que la mercancía está hecha a medida para Compradora, la Vendedora no puede revenderla a un tercero.

    •  Vendedora (demandante) interpone una demanda en contra de Compradora (demandada) para cobrar el importe pactado en el contrato de compraventa. La demanda es interpuesta ante el tribunal de la ciudad más relevante para los negocios de la economía, con competencia en casos comerciales de un valor equivalente al 200% del ingreso per cápita o $5,000 dólares, cualquiera que sea mayor (como se señaló anteriormente, en 11 economías también se recolectaron datos para la segunda mayor ciudad de negocios).

    •  Al inicio de la disputa, Vendedora decide embargar los bienes muebles de Compradora (por ejemplo, equipo de oficina y vehículos) por temor a que Compradora esconda sus bienes muebles o se declare insolvente.

    •  La controversia versa exclusivamente sobre el fondo del asunto pues Compradora alega que la calidad de la mercancía no es adecuada. Teniendo en cuenta que el tribunal no puede decidir el caso únicamente con base en la evidencia documental o el título legal, un experto presenta un peritaje sobre la calidad de las mercancías entregadas. Si es una práctica habitual que las partes convoquen a sus propios peritos para opinar sobre la calidad de los bienes, cada una de las partes llamará a un perito. Si es práctica habitual que el juez sea el que designe un perito independiente, el juez tomará esa medida. En tal caso, el juez no permitirá que la opinión del experto que haya designado pueda ser disputada por ninguna de las partes.

    •  Siguiendo la opinión de los expertos, el juez decide que las mercancías entregadas por Vendedora son de una calidad adecuada y que Compradora debe pagar el precio convenido. En consecuencia, el juez dicta sentencia 100% en favor de las pretensiones de Vendedora.

    •  Compradora no apela la sentencia. Vendedora decide iniciar la etapa de ejecución de la sentencia después de que el período de apelación expire.

    •  Vendedora adopta todas las medidas necesarias para una rápida ejecución de la sentencia. La deuda se cobra exitosamente a través de una subasta pública de los bienes muebles de Compradora (por ejemplo, equipo de oficina y vehículos).

Tiempo

El tiempo se registra en días naturales, contados desde el momento en que el demandante decide presentar la demanda ante el tribunal de primera instancia competente, hasta el momento del pago. Esto incluye los días en que tiene lugar el juicio y también los períodos de espera entre las diferentes fases. Se registra la duración promedio de las 3 diferentes etapas de resolución de la disputa: tiempo de presentación y notificación de la demanda; tiempo del juicio y de la sentencia, y el tiempo para la ejecución de la sentencia.

Costo

El costo se registra como un porcentaje del valor de la demanda, asumiendo que este último es equivalente al 200% del ingreso per cápita o $5,000 dólares, cualquiera que sea mayor. Se compilan tres tipos de costos: costas judiciales, costos de ejecución y honorarios promedio de los abogados.

Los costos judiciales consisten en todos los costos y honorarios que Vendedora (demandante) debe adelantar al tribunal o al perito, independientemente del costo final que deba asumir Vendedora. Los honorarios de los peritos, si los exige la ley o son necesarios en la práctica, se incluyen en los costos judiciales. Los costos de ejecución son aquellos que debe asumir Vendedora (demandante) para ejecutar lo dispuesto en la sentencia a través de una subasta pública de los bienes muebles de Compradora, independientemente del costo final asumido por Vendedora. Los honorarios de abogados son los costos que Vendedora (demandante) debe facilitar a un abogado local para su representación legal en la situación del caso estandarizado. No se toman en cuenta los sobornos.

Calidad de los procesos judiciales

El índice de calidad de los procesos judiciales evalúa si cada una de las economías que cubre el proyecto Doing Business ha adoptado una serie de buenas prácticas en su sistema judicial en cuatro diferentes áreas: estructura de los tribunales y procedimientos judiciales, administración de causas, automatización de los tribunales y resolución alternativa de disputas.

Índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales

El índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales tiene cuatro componentes:

    •  Si existe un tribunal comercial especializado o una sección dedicada exclusivamente a casos de derecho mercantil. Se asigna una puntuación de 1,5 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si existe un tribunal para casos de menor cuantía o un procedimiento expedito para los litigios de menor cuantía. Se asigna una puntuación de 1 si dicho tribunal o procedimiento existe y se aplica a todos las causas civiles, y si la ley establece un límite máximo para el valor de las causas que se pueden litigar en este tribunal o procedimiento. Si los litigios de menor cuantía son manejados por un tribunal independiente, el punto se asigna solamente si este tribunal aplica un procedimiento simplificado. Se asigna una puntuación adicional de 0,5 si las partes pueden representarse a sí mismas ante el tribunal o durante este procedimiento. Si no existe un tribunal de menor cuantía o un procedimiento simplificado, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si los demandantes pueden obtener embargos preventivos de los bienes muebles del demandado por temer que los bienes muebles sean trasladados fuera de la jurisdicción o sean dilapidados de alguna otra forma. Se asigna una puntuación de 1 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si las causas se distribuyen al azar y por medio de un sistema electrónico a los jueces del tribunal competente. Se asigna una puntuación de 1 si la distribución de las causas es aleatoria y automatizada; se asigna una puntuación de 0,5 si es aleatoria pero no automatizada; se asigna una puntuación de 0 si no es aleatoria ni automatizada.

    •  Si el testimonio de una mujer tiene la misma fuerza probatoria en un juicio que el de un hombre. Se asigna una puntuación de -1 si la ley diferencia entre el valor del testimonio de una mujer y el del hombre; se asigna una puntuación de 0 en el caso contrario.

El índice varía de 0 a 5, y los valores más altos indican una estructura judicial más sofisticada y moderna. En Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, existe un tribunal comercial especializado (una puntuación de 1,5), y los litigios de menor cuantía se pueden resolver a través de un tribunal especial en el que se permite la auto-representación (una puntuación de 1,5). Los demandantes pueden obtener embargos preventivos de los bienes muebles del demandado si temen que estos se dilapiden durante el juicio (una puntuación de 1). Las causas se asignan al azar a través de un sistema electrónico de administración de causas (una puntuación de 1). El testimonio de una mujer tiene la misma fuerza probatoria que el de un hombre (una puntuación de 0). La suma de estos números le otorga a Bosnia y Herzegovina una puntuación de 5 en el índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales.

Índice de administración de causas

El índice de administración de causas tiene seis componentes:

    •  Si alguna de las leyes o reglamentaciones de procedimiento civil vigentes contienen consideraciones de tiempo para, al menos, tres de las siguientes actuaciones judiciales esenciales: i) notificaciones judiciales; ii) primera audiencia; iii) presentación de la contestación de la demanda; iv) finalización del período de pruebas, y v) dictado de la sentencia definitiva. Se asigna una puntuación de 1 si tales consideraciones de tiempo están disponibles y se respetan en más del 50 % de los casos; se asigna una puntuación de 0,5 si están disponibles pero no se respetan en más del 50 % de los casos; se asigna una puntuación de 0 si no existen consideraciones de tiempo o si existen menos de tres de estas actuaciones judiciales esenciales.

    •  Si existen leyes que reglamenten el número máximo de suspensiones o aplazamientos que se pueden otorgar, si la ley limita los aplazamientos a circunstancias imprevistas y excepcionales, y si estas normas se respetan en más del 50 % de los casos. Se asigna una puntuación de 1 si se cumplen las tres condiciones; se asigna una puntuación de 0,5 si se cumplen solo dos de las tres condiciones; se asigna una puntuación de 0 si solo se cumple una condición o no se cumple ninguna.

    •  Si existen informes de medición del desempeño que puedan generarse acerca del tribunal competente para supervisar su desempeño, controlar el progreso de las causas y garantizar el cumplimiento de los estándares de tiempo establecidos. Se asigna una puntuación de 1 si, al menos, dos de los siguientes cuatro informes están disponibles públicamente: i) informe sobre el tiempo trascurrido hasta el pronunciamiento de sentencia; ii) informe sobre el número de causas resueltas; iii) informe sobre el número de las causas pendientes, e iv) informe sobre el progreso de causas individuales. Se asigna una puntuación de 0 si solo está disponible uno estos informes o si no hay ningún informe disponible.

    •  Si la audiencia preliminar es una de las técnicas de administración de causas que se utilizan ante el tribunal competente y, al menos, tres de las siguientes cuestiones se analizan durante dicha audiencia: i) planificación (incluido el plazo para presentar peticiones y otros documentos ante el tribunal); ii) complejidad de la causa y duración prevista del juicio; iii) posibilidad de solución de diferencias o resolución alternativa de disputas; iv) intercambio de listas de testigos; v) evidencia; vi) jurisdicción y otras cuestiones de procedimiento, y vii) la limitación de las cuestiones controvertidas. Se asigna una puntuación de 1 si en el tribunal competente se realiza una audiencia preliminar en la que se analizan, al menos, tres de estas actuaciones; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si los jueces del tribunal competente pueden utilizar un sistema electrónico de administración de causas para, al menos, cuatro de los siguientes propósitos: i) consultar leyes, reglamentaciones y jurisprudencia; ii) generar automáticamente un calendario de audiencias para todas las causas listadas en el tribunal competente; iii) enviar notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos) a abogados; iv) dar seguimiento al estado de un expediente de su lista de causas; v) ver y administrar documentos de las causas (escritos, peticiones); vi) facilitar la redacción de sentencias; vii) generar de forma semiautomática órdenes judiciales, y viii) ver las órdenes judiciales y sentencias de una causa determinada. Se asigna una puntuación de 1 si existe un sistema electrónico de administración de causas que los jueces pueden utilizar para, al menos, cuatro de estos propósitos; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si los abogados pueden utilizar un sistema electrónico de administración de causas para, al menos, cuatro de los siguientes propósitos: i) consultar leyes, reglamentaciones y jurisprudencia; ii) acceder a los formularios que deben presentarse ante el tribunal competente; iii) recibir notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos); iv) dar seguimiento al estado de una causa; v) ver y administrar documentos de las causas (escritos, peticiones); vi) presentar escritos y documentos ante el tribunal, y vii) ver las órdenes judiciales y sentencias de una causa determinada. Se asigna una puntuación de 1 si existe un sistema electrónico de este tipo que los abogados pueden utilizar para, al menos, cuatro de estos propósitos; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

El índice varía de 0 a 6, y los valores más altos indican un sistema de administración de causas más cualitativo y eficaz. En Croacia, por ejemplo, los tiempos estimados de, al menos, tres actuaciones judiciales básicas se incluyen en los instrumentos de procedimientos civiles vigentes y se respetan en más del 50 % de los casos (una puntuación de 1). La ley establece que las suspensiones pueden otorgarse solo en circunstancias imprevistas y excepcionales, y esta norma se respeta en más del 50 % de los casos (una puntuación de 0,5). Se pueden generar un informe sobre el tiempo que transcurre hasta el pronunciamiento de sentencia y un informe sobre el número de causas resueltas en el tribunal competente (una puntuación de 1). La audiencia preliminar es una de las técnicas de administración de causas que se utilizan ante el Tribunal Comercial de Zagreb (una puntuación de 1). Un sistema electrónico de administración de causas que satisface los criterios descritos anteriormente está disponible para los jueces (una puntuación de 1) y para los abogados (una puntuación de 1). La suma de estos números le otorga a Croacia una puntuación de 5,5 en el índice de administración de causas, la puntuación más alta obtenida por una economía en este índice.

Índice de automatización de los tribunales

El índice de automatización de los tribunales tiene cuatro componentes:

    •  Si la demanda inicial se puede presentar en forma electrónica a través de una plataforma especial (no mediante correo electrónico o fax) dentro del tribunal competente. Se asigna una puntuación de 1 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si se puede emplazar al demandado de la demanda inicial de forma electrónica, a través de un sistema especial o por correo electrónico, fax o mensaje de texto. Se asigna una puntuación de 1 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si las costas judiciales se pueden pagar de forma electrónica, mediante una plataforma especial o a través de servicios bancarios en línea. Se asigna una puntuación de 1 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si las sentencias dictadas por los tribunales locales se encuentran a disposición del público en general a través de su publicación en gacetas oficiales, periódicos o Internet. Se asigna una puntuación de 1 si las sentencias dictadas en causas comerciales de todos los niveles se encuentran a disposición del público en general; se asigna una puntuación de 0,5 si solo las sentencias dictadas a nivel del tribunal de apelaciones y la corte suprema se encuentran a disposición del público en general; se asigna una puntuación de 0 en todas las demás circunstancias.

El índice varía de 0 a 4, y los valores más altos indican un sistema judicial más automatizado, eficaz y transparente. En la República de Corea, por ejemplo, las demandas iniciales se pueden presentar en línea (una puntuación de 1), se puede emplazar al demandado en forma electrónica (una puntuación de 1), y las costas judiciales se pueden pagar en forma electrónica también (una puntuación de 1). Asimismo, todas las sentencias de causas comerciales de todos los niveles se encuentran a disposición del público a través de Internet (una puntuación de 1). La suma de estos números le otorga a la República de Corea una puntuación de 4 en el índice de automatización de los tribunales.

Índice de resolución alternativa de disputas

El índice de resolución alternativa de disputas tiene seis componentes:

    •  Si el arbitraje comercial doméstico se rige por una ley consolidada o un capítulo o sección consolidada del código de procedimientos civiles vigente que abarque básicamente todos sus aspectos. Se asigna una puntuación de 0,5 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si existe algún tipo de disputas comerciales — independientemente de aquellas relacionadas con el orden público, las políticas públicas, la quiebra, los derechos de los consumidores, las cuestiones laborales o de propiedad intelectual— que no pueden ser sometidas a arbitraje. Se asigna una puntuación de 0,5 si la respuesta es “No”; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si los tribunales locales hacen cumplir las cláusulas o los convenios de arbitraje en más del 50 % de los casos. Se asigna una puntuación de 0,5 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si la mediación voluntaria, la conciliación o ambas son una forma reconocida de resolver disputas comerciales. Se asigna una puntuación de 0,5 si la respuesta es sí; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si la mediación voluntaria, la conciliación o ambas se rigen por una ley consolidada o un capítulo o sección consolidada del código de procedimientos civiles vigente que abarque básicamente todos sus aspectos. Se asigna una puntuación de 0,5 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

    •  Si existen incentivos financieros para que las partes intenten resolver las disputas comerciales a través de la mediación o la conciliación (por ejemplo, si la mediación o conciliación tuviera éxito, se reembolsan las costas judiciales, se otorga un descuento del impuesto a la renta, etc.). Se asigna una puntuación de 0,5 si la respuesta es positiva; de lo contrario, se asigna una puntuación de 0.

El índice varía de 0 a 3, y los valores más altos indican una mayor disponibilidad de mecanismos de resolución alternativa de disputas. En Israel, por ejemplo, el arbitraje se reglamenta a través de una legislación especial (una puntuación de 0,5); todas las disputas comerciales pertinentes se pueden someter a arbitraje (una puntuación de 0,5), y los tribunales generalmente hacen cumplir las cláusulas de arbitraje válidas (una puntuación de 0,5). La mediación voluntaria es una forma reconocida de resolver disputas comerciales (una puntuación de 0,5); está reglamentada a través de una legislación especial (una puntuación de 0,5), y se reembolsa una parte de las costas judiciales si el proceso tiene éxito (una puntuación de 0,5). La suma de estos números le otorga a Israel una puntuación de 3 en el índice de resolución alternativa de disputas.

Índice de calidad de los procesos judiciales

El índice de calidad de los procesos judiciales es la suma de las puntuaciones de los índices de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales; administración de causas; automatización de los tribunales y resolución alternativa de disputas. El índice varía de 0 a 18, y los valores más altos indican procesos judiciales mejores y más eficaces.

REFORMAS

El indicador cumplimiento de contratos monitorea anualmente los cambios relacionados con la eficiencia y la calidad de los sistemas de resolución de disputas comerciales. Dependiendo del impacto en los datos, ciertos cambios son clasificados como reformas y enumerados en el resumen de reformas Doing Business 2015/2016 para reconocer la implementación de cambios significativos. Las reformas están divididas en dos tipos: aquellas que hacen más fácil hacer negocios y aquellos cambios que lo dificultan. El indicador de ejecución de contratos utiliza tres criterios para reconocer una reforma.

Primero, todos los cambios en leyes y reglamentaciones que tengan un impacto en la puntuación de la economía sobre el índice de calidad de los procesos judiciales se clasifican como reformas. Por ejemplo, introducir un sistema electrónico para interponer la demanda inicial, o crear un tribunal de comercio o una sala comercial dentro de un tribunal, o la introducción de sistemas dedicados a resolver litigios de pequeña cuantía son todas reformas que impactan el índice de calidad de los procesos judiciales. Los cambios que afectan el índice de calidad de los procesos judiciales pueden ser de magnitudes varias y diferentes en su ámbito de aplicación y aun así ser considerados como una reforma. Por ejemplo, implementar un nuevo sistema de gestión electrónica de procesos utilizado por jueces y abogados es una reforma que conlleva dos puntos adicionales en el índice, mientras que introducir incentivos para que las partes usen la mediación es una reforma que otorga 0.5 puntos adicionales en el índice.

Segundo, los cambios que tienen un impacto en el tiempo y costo de resolver un litigio comercial pueden ser también considerados reformas dependiendo de la magnitud de los cambios. Según la metodología del indicador ejecución de contratos, cualquier actualización de la legislación que conlleve un cambio de dos o más puntos porcentuales en la brecha relativa de distancia a la frontera de los indicadores de tiempo y costo, se clasifica como reforma (para más detalles, diríjase a la sección sobre distancia a la frontera y clasificación en la facilidad de hacer negocios). Los cambios con un impacto menor no se clasifican como reformas pero se reflejan en la actualización más reciente de los indicadores.

Tercero, ocasionalmente, el indicador de cumplimiento de contratos reconocerá como reforma ciertos cambios legislativos que no tengan un impacto concreto en los datos. Esta opción se reserva normalmente a los cambios legislativos de una envergadura excepcional tales como revisiones de gran tamaño del código de procedimiento civil.