Obtención de crédito

El informe Doing Business mide los derechos legales de los acreedores y deudores respecto a las transacciones garantizadas a través de un grupo de indicadores, y la transparencia de la información crediticia a través de otro. El primer grupo de indicadores mide en qué medida ciertas características que facilitan los préstamos existen en las leyes sobre garantías mobiliarias y la quiebra vigentes. El segundo grupo mide la cobertura, alcance, calidad y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los registros de crédito públicos y privados. La clasificación en facilidad de obtención de crédito está basada en el promedio simple de las clasificaciones percentiles en la suma de los indicadores que la componen: alcance de la información crediticia y fortaleza de los derechos legales

Derechos Legales

Los datos sobre los derechos legales de prestatarios y prestamistas se recopilan con una encuesta a abogados financieros, cuyos resultados se verifican mediante el análisis de las leyes y regulaciones, así como de las fuentes públicas de información sobre leyes de garantía y de la quiebra. Las respuestas a la encuesta se verifican a través de varias rondas de comunicaciones de seguimiento tanto con los participantes así como contactando a terceras partes y fuentes públicas. Los datos de la encuesta se confirman mediante teleconferencias o visitas in situ en todas las economías.

Índice de fortaleza de los derechos legales

El índice de fortaleza de los derechos legales mide el grado en que las leyes de garantía mobiliarias y de la quiebra protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los préstamos. Para determinar el alcance del sistema de transacciones garantizadas se emplea un caso de estudio con dos escenarios teóricos, el caso A y el caso B, los cuales incluyen la intervención de un prestatario garantizado, la empresa ABC, y un prestamista garantizado, BizBank. En algunas economías el marco legal de las transacciones garantizadas sólo permite que pueda darse el caso A o el caso B (y no ambos). Ambos casos examinan el mismo grupo de disposiciones legales sobre el uso de bienes muebles en garantía.

Éstas son las suposiciones sobre el prestamista garantizado y el prestatario:

  • ABC es una sociedad nacional de responsabilidad limitada.
  • La sociedad tiene 100 empleados.
  • ABC tiene su sede y única base de operaciones en la ciudad más relevante para los negocios de la economía.
  • Tanto ABC como BizBank son de propiedad nacional al 100%. Los casos también presentan una serie de suposiciones. En el caso A, para garantizar el préstamo ABC concede a BizBank un derecho de garantía sin desplazamiento sobre una categoría de bienes muebles, por ejemplo la maquinaria o el inventario. ABC quiere conservar tanto la posesión como la propiedad del bien sobre el que constituye garantía. En las economías en las que ley no permita la constitución de derechos de garantía sin desplazamiento sobre bienes muebles, ABC y BizBank recurren a un acuerdo de transferencia fiduciaria del título (u otra modalidad similar que sustituya al derecho de garantía sin desplazamiento). El índice de fortaleza de los derechos legales no cubre equivalentes funcionales de garantía sobre bienes muebles (como el leasing o reservas de dominio).
  • La fortaleza del indicador de derechos legales no cubre los equivalentes funcionales a la seguridad sobre los bienes muebles (por ejemplo, alquiler o reserva de dominio). En el caso B, ABC establece a favor de BizBank una obligación comercial o flotante, o cualquier otra obligación que otorgue a BizBank un derecho de garantía sobre un grupo de bienes muebles de ABC (o tantos bienes muebles de ABC como sea posible). ABC conserva la propiedad y la posesión de los bienes.

El índice de fortaleza de los derechos legales incluye ocho aspectos relacionados con las leyes relativas a las garantías mobiliarias y dos aspectos relacionados con las leyes de la quiebra. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes características de las leyes:

  • Cualquier empresa puede emplear bienes muebles para constituir garantía, sin perder la posesión de dichos bienes, y cualquier institución financiera puede aceptar dichos bienes como garantía.
  • La ley permite que una empresa conceda una garantía sin desplazamiento sobre una categoría de bienes muebles (como las cuentas por cobrar o el inventario), sin exigir una descripción detallada de los bienes que conforman la garantía.
  • La ley permite que una empresa conceda un derecho de garantía sobre prácticamente la totalidad de sus bienes muebles, sin exigir una descripción detallada de los mismos.
  • Un derecho de garantía se puede constituir sobre bienes futuros o de futura adquisición, y se extiende automáticamente a los frutos, productos y reemplazos de los bienes originales.
  • En los contratos de garantía y en los documentos del registro se permite una descripción genérica de las deudas y obligaciones, de modo que cualquier tipo de obligación y de deuda puede ser garantizado entre las partes, y el contrato de garantía puede mencionar un importe máximo por el que se graven los bienes.
  • En la economía opera un registro de garantías mobiliarias unificado geográficamente y por tipo de bien, y que dispone de una base de datos indexada por nombre de deudor.
  • Los acreedores garantizados tienen prioridad sobre la deuda (por ejemplo, con prioridad sobre reclamaciones tributarias y de índole laboral) cuando se produce el impago de un deudor ajeno a un proceso de insolvencia.
  • Los acreedores garantizados tienen prioridad sobre la deuda (por ejemplo, con prioridad sobre reclamaciones tributarias y de índole laboral) cuando se produce la liquidación de una empresa.
  • Las ejecuciones de los acreedores garantizados sobre los bienes prendados no están sujetas a un moratorio o medida cautelar de embargo, en el caso de que el deudor se halle inmerso en un procedimiento judicial de reorganización, o cuando la ley contemple argumentos específicos que le permitan al acreedor garantizado eximirse del moratorio en cuestión (por ejemplo, cuando el bien mueble se encuentre en peligro), o cuando se establecen periodos específicos para la duración de la moratoria.
  • La ley permite que las partes acuerden en el contrato de garantía que el acreedor podrá ejecutar extrajudicialmente la garantía en caso de impago por parte del deudor.

El índice varía de 0 a 10; los valores superiores indican que las leyes de garantías mobiliarias y de la quiebra están mejor diseñadas para ampliar las posibilidades de acceso al crédito.

Informacion Crediticia

Los datos sobre el acceso a la información crediticia se construyen en dos etapas. Primero, encuestando autoridades de supervisión bancaria y consultando fuentes de información pública para confirmar la existencia de registros públicos o burós privados de crédito. Segundo, a través de un cuestionario detallado completado por los registros públicos y burós privados de crédito sobre la estructura, leyes y regulaciones asociadas que a estos competen. Las respuestas a la encuesta se verifican a través de varias rondas de comunicaciones de seguimiento tanto con los participantes, así como contactando a terceras partes y fuentes públicas. Los datos de la encuesta se confirman mediante teleconferencias o visitas in situ en todas las economías.

Índice de alcance de la información crediticia

El índice de alcance de la información crediticia analiza las reglas que influyen en la cobertura, alcance y accesibilidad de la información crediticia disponible en los registros públicos de crédito o en los burós privados de crédito. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes seis características de los registros públicos o los burós privados de crédito (o ambos):

  • Se divulga información crediticia tanto de particulares como de empresas.
  • Se divulga información crediticia tanto positiva (por ejemplo, cantidad del préstamo e historial de pagos puntuales) como negativa (por ejemplo, pagos demorados y el número y la cantidad de impagos, así como las quiebras).
  • Se dispone de datos de minoristas, empresas de suministros públicos, y también de instituciones financieras.
  • Hay disponibilidad de datos históricos durante más de dos años. Los registros que eliminan los datos de los impagos tan pronto como se salda la deuda obtienen una puntuación de 0 para este indicador.
  • Se dispone de información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per cápita. Nótese que un registro o buró de crédito debe tener una cobertura mínima del 1% de la población adulta para obtener una puntuación de 1 en este indicador.
  • Por ley, los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos en el registro o buró de crédito más grande de la economía.
El índice varía de 0 a 6; los valores superiores indican una mayor disponibilidad de información crediticia ya sea de registros públicos o de burós privados de crédito, lo que facilita las decisiones sobre concesión de préstamos. Si el registro no es operativo o tiene una cobertura inferior al 0,1% de la población adulta, la puntuación en este índice de alcance es 0.
  • Por ejemplo, en Lituania funcionan ambos tipos de institución, un registro público y un buró privado de crédito. Ambos registros divulgan tanto información positiva como negativa (puntuación de 1). Ambos registros divulgan tanto información sobre empresas como sobre individuos (puntuación de 1). Ambos distribuyen información como mínimo de los últimos 2 años (puntuación de 1). Aunque el registro público de crédito no distribuye datos de minoristas o empresas de suministro, el buró privado de crédito sí lo hace (puntuación de 1). Aunque el registro público de crédito tiene un límite de 10.000 litai, el buró privado de crédito distribuye datos sobre préstamos de cualquier importe (puntuación de 1). Los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos tanto ante el buró privado como ante el registro público (puntuación de 1). Tras sumar estos indicadores, resulta que Lituania obtiene una puntuación total de 6.

Cobertura del registro público de crédito

El indicador de cobertura del registro público de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en el registro público de crédito, correspondientes a los últimos cinco años de historial de préstamo. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (población con edad de 15 o más años en 2012, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Un registro público de crédito se define como una base de datos gestionada por el sector público, normalmente por el banco central o la superintendencia bancaria, que recopila información sobre la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y la pone a disposición de los bancos y otras instituciones financieras. Si no hay un registro público operativo, el valor de cobertura es 0%.

Cobertura del buro privado de crédito

El indicador de cobertura del buró privado de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en un buró privado de crédito, correspondientes a los últimos cinco años de historial de préstamo. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (población con edad de 15 o más años en 2012, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Un buró privado de crédito se define como una empresa privada u organización sin fines de lucro que gestiona una base de datos acerca de la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y facilita el intercambio de información crediticia entre los acreedores. No son objeto de estudio las oficinas de investigación de crédito y las empresas de información de crédito que no permitan directamente el intercambio de información entre bancos e instituciones financieras. Si no existe un buró privado de crédito, el valor de cobertura es 0%.

Esta metodología ha sido desarrollada en Djankov, McLiesh y Shleifer (2007) y se ha empleado aquí con pequeñas modificaciones.