Obtención de crédito

El informe Doing Business mide los derechos legales de los acreedores y deudores respecto a las transacciones garantizadas a través de un grupo de indicadores, y la transparencia de la información crediticia a través de otro. El primer grupo de indicadores mide en qué medida ciertas características que facilitan los préstamos existen en las leyes sobre garantías mobiliarias y la quiebra vigentes. El segundo grupo mide la cobertura, alcance, calidad y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los proveedores de servicio de información del crédito, tales como burós de crédito o registros de crédito. La clasificación en facilidad de obtención de crédito se realiza mediante su puntuación en la distancia a la frontera para la obtención de crédito. Estas puntuaciones representan la distancia a la frontera para la suma del índice de fortaleza de los derechos legales y el índice de alcance de la información crediticia.

DERECHOS LEGALES

Los datos sobre los derechos legales de prestatarios y prestamistas se recopilan con una encuesta a abogados financieros, cuyos resultados se verifican mediante el análisis de las leyes y regulaciones, así como de las fuentes públicas de información sobre leyes de garantía y de la quiebra. Las respuestas a la encuesta se verifican a través de varias rondas de comunicaciones de seguimiento tanto con los participantes así como contactando a terceras partes y fuentes públicas. Los datos de la encuesta se confirman mediante teleconferencias o visitas in situ en todas las economías.

Índice de fortaleza de los derechos legales

El índice de fortaleza de los derechos legales mide el grado en que las leyes de garantía mobiliarias y de la quiebra protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los préstamos. Por vez primera este año, el índice incluye 12 componentes en vez de 10. Para cada economía, se analiza primero si existe un sistema unitario para las transacciones garantizadas. Después, se usan dos escenarios, escenario A y escenario B, para determinar cómo se crea, publicita y hace cumplir un derecho de garantía sin desplazamiento según la ley. Se da un énfasis especial al funcionamiento del registro de garantías (en caso en que el registro de garantías exista). Los escenarios incluyen un prestatario garantizado, una empresa ABC, y un prestamista garantizado, BizBank.

En algunas economías, el marco jurídico de las transacciones garantizadas solo permitirá que uno de los escenarios, A o B (pero no los dos), se aplique. Ambos escenarios examinan el mismo tipo de disposiciones legales referentes al uso de garantías mobiliarias.

Éstas son las suposiciones sobre el prestamista garantizado (BizBank) y el prestatario (ABC):

  • ABC es una sociedad nacional de responsabilidad limitada.
  • ABC tiene un máximo de 50 empleados empleados.
  • ABC tiene su sede y única base de operaciones en la ciudad más relevante para los negocios de la economía. En 11 economías, también se recolectaron datos para la segunda mayor ciudad de negocios.
  • Tanto ABC como BizBank son de propiedad nacional al 100%.

Los casos también presentan una serie de suposiciones. En el caso A, para garantizar el préstamo ABC concede a BizBank un derecho de garantía sin desplazamiento sobre una categoría de bienes muebles, por ejemplo la maquinaria o el inventario. ABC quiere conservar tanto la posesión como la propiedad del bien sobre el que constituye garantía. En las economías en las que ley no permita la constitución de derechos de garantía sin desplazamiento sobre bienes muebles, ABC y BizBank recurren a un acuerdo de transferencia fiduciaria del título (u otra modalidad similar que sustituya al derecho de garantía sin desplazamiento).La fortaleza del indicador de derechos legales no cubre los equivalentes funcionales a la seguridad sobre los bienes muebles (por ejemplo, alquiler o reserva de dominio).

En el caso B, ABC establece a favor de BizBank una obligación comercial o flotante, o cualquier otra obligación que otorgue a BizBank un derecho de garantía sobre un grupo de bienes muebles de ABC (o tantos bienes muebles de ABC como sea posible). ABC conserva la propiedad y la posesión de los bienes.

El primer componente del índice de fortaleza de los derechos legales cubre equivalentes funcionales de garantía sobre bienes muebles (por ejemplo, leasing o reservas de dominio) para valorar hasta qué punto está integrado o unificado el marco jurídico de las transacciones garantizadas de la economía en cuestión.

El índice de fortaleza de los derechos legales incluye diez aspectos relacionados con las leyes relativas a las garantías mobiliarias y dos aspectos relacionados con las leyes de la quiebra. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes características de las leyes:

  • La economía tiene un marco jurídico de transacciones garantizadas integrado o unificado, que cubre la creación, publicidad y cumplimiento de 4 equivalentes funcionales a garantías sobre bienes muebles: transferencia fiduciaria de título; leases financieros; transferencia o asignación de efectos a cobrar; y ventas con retención de título.
  • La ley permite a una empresa conceder derechos de garantía sin desplazamiento en una única categoría de bienes muebles (como  maquinaria o existencias), sin requerir una descripción específica de las garantías.
  • La ley permite a una empresa conceder derechos de garantía sin desplazamiento sobre substancialmente todos sus bienes muebles, sin requerir una descripción específica de las garantías.
  • Se puede conceder un derecho de garantía sobre bienes futuros o bienes adquiridos y se extiende automáticamente a los productos, ganancias o sustitución de los bienes originales.
  • Se permite una descripción general de los bienes y obligaciones en el acuerdo de garantía y en los documentos de registro, cualquier tipo de deudas y obligaciones se pueden garantizar entre las partes, y el acuerdo de garantía puede incluir la cantidad máxima garantizada por los bienes.
  • Un registro de garantías o institución registral para garantías sobre bienes muebles por entidades incorporadas y no incorporadas está operante, unificado geográficamente y tiene una base de datos electrónica indexada por los nombres de los deudores.
  • El registro de garantías es un registro de notificación – un registro que archiva únicamente una notificación sobre la existencia de garantías (no los documentos relacionados) y no lleva a cabo una revisión jurídica de la transacción. El registro también publicita equivalentes funcionales a garantías reales.
  • El registro de colateral tiene rasgos modernos, como por ejemplo, el permitir a los acreedores garantizados (o sus representantes) registrar, buscar, enmendar o cancelar garantías reales por internet.
  • Cuando un deudor incumple sus obligaciones fuera de un procedimiento de insolvencia, los acreedores garantizados son pagados con prioridad (por ejemplo, antes de las reclamaciones fiscales o de trabajadores).
  • Cuando una empresa entra en liquidación, los acreedores garantizados son pagados con prioridad (por ejemplo, antes de las reclamaciones fiscales o de trabajadores).
  • Cuando un deudor entra en un procedimiento de reorganización judicial, los acreedores garantizados están sujetos a una paralización automática de los procedimientos de ejecución, pero la ley protege su participación al establecer motivos claros para terminar con la paralización del procedimiento (por ejemplo, si la propiedad mobiliaria se encuentra en peligro), o al establecer una fecha límite para ello.
  • La ley permite a las partes establecer en el acuerdo de garantía que el prestamista podrá ejecutar su derecho extrajudicialmente. La ley permite las ventas públicas y privadas y también permite que el acreedor garantizado se apodere del bien en satisfacción de la deuda.

Como resultado de los cambios introducidos este año, el primer componente del índice reemplaza aquel relacionado con las limitaciones legales sobre quién puede participar en un acuerdo de garantía. Se han añadido dos componentes, sobre qué tipo de registro de garantías opera en la economía y sobre cómo opera. La puntuación ahora penaliza a las economías por no tener una paralización automática durante los procedimientos de reorganización para permitir que una empresa viable pueda seguir funcionando. El índice toma en consideración nuevos elementos relacionados con los procedimientos de ejecución extrajudiciales (tales como los tipos de subastas permitidos).

El índice varía de 0 a 12. Los valores superiores indican que las leyes de garantía mobiliaria y de la quiebra están mejor diseñadas para expandir el acceso al crédito.

INFORMACIÓN CREDITICIA

Los datos sobre la distribución de la información crediticia se construyen en dos etapas. Primero, encuestando autoridades de supervisión bancaria y consultando fuentes de información pública para confirmar la existencia de un proveedor de servicios de información sobre crédito, como un registro de crédito o un buró de crédito. Segundo, a través de un cuestionario detallado completado por los registros de crédito o los burós de crédito sobre la estructura, leyes y regulaciones asociadas que a estos competen. Las respuestas a la encuesta se verifican a través de varias rondas de comunicaciones de seguimiento tanto con los participantes, así como contactando a terceras partes y fuentes públicas. Los datos de la encuesta se confirman mediante teleconferencias o visitas in situ en todas las economías.

Índice de alcance de la información crediticia

El índice de alcance de la información crediticia analiza las reglas que influyen en la cobertura, alcance y accesibilidad de la información crediticia disponible en los registros de crédito o en los burós de crédito. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes seis características de los registros de crédito o los burós de crédito (o ambos):

  • Se divulga información crediticia tanto de particulares como de empresas.
  • Se divulga información crediticia tanto positiva (por ejemplo, cuantía del préstamo original, cantidad del préstamo e historial de pagos puntuales) como negativa (por ejemplo, pagos demorados y el número y la cantidad de impagos, así como las quiebras).
  • Se distribuyen  datos de minoristas, empresas de suministros públicos, y también de instituciones financieras.
  • Hay disponibilidad de datos históricos durante, al menos, dos años. Los registros y burós de crédito que distribuyen más de 10 años de datos negativos o eliminan los datos de los impagos tan pronto como se salda la deuda obtienen una puntuación de 0 para este componente.
  • Se dispone de información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per cápita.
  • Los registros y burós de crédito que cargan más del 1% de la renta per cápita para que los prestatarios inspeccionen sus datos obtienen una puntuación de 0 en este componente.
  • Los usuarios de la información pueden acceder a la información crediticia de los prestatarios online (por ejemplo, a través de una plataforma online, una conexión sistema-a-sistema o ambos).
  • La puntuación de crédito de los burós o registros se presenta como un servicio de valor añadido para ayudar a los usuarios a acceder a la solvencia de los prestatarios.

El índice varía de 0 a 8; los valores superiores indican una mayor disponibilidad de información crediticia ya sea de registros de crédito o de burós de crédito, lo que facilita las decisiones sobre concesión de préstamos. Si el registro o buró no es operativo o tiene una cobertura inferior al 5% de la población adulta, la puntuación en este índice de alcance es 0.

Por ejemplo, en Lituania funcionan ambos tipos de institución, un registro de crédito y un buró de crédito. Ambos distribuyen información sobre firmas e individuos (puntuación de 1). Ambos registros divulgan tanto información positiva como negativa (puntuación de 1). Aunque el registro de crédito no distribuye datos de minoristas o empresas de suministro, el buró de crédito sí lo hace (puntuación de 1). Ambos divulgan información, como mínimo, de los dos últimos años (puntuación de 1). Aunque el registro de crédito tiene un límite de 1.000 litai, el buró de crédito distribuye datos sobre préstamos de cualquier importe (puntuación de 1). Los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos tanto ante el buró como ante el registro de crédito sin coste alguno una vez al año(puntuación de 1). Ambas entidades proporcionan a los usuarios de la información acceso a las bases de datos a través de una plataforma online (puntuación de 1). Aunque el registro de crédito no proporciona puntuaciones de crédito, el buró de crédito sí lo hace (puntuación de 1). Tras sumar estos números, resulta que Lituania obtiene una puntuación total de 8.

Cobertura del registro de crédito

El indicador de cobertura del registro de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en el registro de crédito a partir del 1 de enero de 2014, con información acerca de los cinco años de historial de préstamo. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (población con edad de 15 o más años en 2013, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Un registro de crédito se define como una base de datos gestionada por el sector público, normalmente por el banco central o la superintendencia bancaria, que principalmente asiste la supervisión bancaria pero también facilita el intercambio de información crediticia entre bancos y otras instituciones financieras reguladas. Si no hay un registro operativo, el valor de cobertura es 0.0%.

Cobertura del buró de crédito

El indicador de cobertura del buró de crédito informa del número de individuos y empresas cuyos datos están recogidos en la base de datos de un buró de crédito a partir del 1 de enero de 2014, con información acerca de los cinco  años de historial de préstamo. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (población con edad de 15 o más años en 2013, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Un buró de crédito se define como una empresa privada u organización sin fines de lucro que gestiona una base de datos acerca de la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y facilita el intercambio de información crediticia entre los acreedores. (Muchos burós de crédito apoyan las actividades de supervisión bancaria y financiera en la práctica, aunque no sea su principal cometido). No son objeto de estudio las oficinas de investigación de crédito y las empresas de información de crédito que no permitan directamente el intercambio de información entre bancos e instituciones financieras. Si no existe un buró privado de crédito, el valor de cobertura es 0.0%.

Esta metodología ha sido desarrollada en Djankov, McLiesh y Shleifer (2007) y se ha empleado aquí con pequeñas modificaciones.

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1 Este componente se ha revisado en Doing Business 2015. La metodología anterior acordaba un punto si más de dos años de datos históricos eran distribuidos. Similarmente, burós o registros de crédito  que eliminaban información sobre impagos tan pronto como eran repagados obtenían una puntuación de 0.

2 Este componente se ha revisado en Doing Business 2015. La metodología anterior acordaba un punto si los prestatarios tienen el derecho, por ley, de acceder a su información en el buró o registro de crédito más importante de la economía.

3 Este componente se ha revisado en Doing Business 2015.

4 Este componente es nuevo en Doing Business 2015.