Obtención de crédito

El informe Doing Business mide los derechos legales de los acreedores y deudores y la transparencia de la información de crédito. El primer grupo de indicadores describe la efectividad de las leyes sobre la garantía y la quiebra para facilitar los préstamos. El segundo grupo mide la cobertura, alcance, calidad y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los registros de crédito públicos y privados. Los datos sobre los derechos legales de prestatarios y prestamistas se recopilan con una encuesta a abogados financieros, cuyos resultados se verifican mediante el análisis de las leyes y regulaciones, así como de las fuentes públicas de información sobre leyes de garantía y de quiebras. Los datos sobre la divulgación de la información crediticia se construyen en dos etapas. En primer lugar se realizan consultas a las autoridades de control de la banca y a otras fuentes de información pública para confirmar la existencia de registros públicos de crédito y burós privados de crédito. En caso afirmativo, en segundo lugar se realiza una encuesta detallada al registro de crédito sobre la estructura de los registros/burós de crédito públicos o privados, sobre las leyes y las normas vinculadas a los mismos. Las respuestas de la encuesta se verifican a través de varias rondas de comunicaciones de seguimiento, tanto con los participantes como con terceras partes con las que se contacta y con fuentes públicas. Los datos de la encuesta se confirman mediante llamadas por teleconferencias o visitas in situ en todas las economías.

Índice de fortaleza de los derechos legales

El índice de fortaleza de los derechos legales mide el grado en que las leyes de garantía y de quiebras protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los préstamos. Dos casos de estudio son utilizados para determinar las características del sistema de transacciones garantizadas, tomando como actores a la compañía ABC como prestatario-deudor y el banco BizBank en calidad de prestamista-acreedor que ostenta una garantía otorgada por ABC.

Las siguientes suposiciones acerca de las partes son utilizadas:

• ABC es una compañía doméstica de responsabilidad limitada.
• ABC tiene su sede central y única base de operaciones en la ciudad con mayor volumen de negocios de la economía que se trate.
• Para financiar su proyecto de expansión de negocios, ABC obtiene un préstamo de BizBank por un monto de hasta 10 veces el ingreso per capita en moneda local.
• Tanto ABC como BizBank son sociedades cuyos propietarios son 100% locales.

Los casos de estudio también cuentan con suposiciones. En el caso A, como garantía del préstamo, ABC entrega a BizBank un derecho de garantía no posesorio sobre una categoría de bienes muebles tipo “revolving”, tal como cuentas a cobrar o inventario. ABC pretende mantener tanto la posesión como la propiedad sobre los activos otorgados en garantía. En las economías en que la ley no permite este tipo de garantías, ABC y BizBank acuerdan una transferencia fiduciaria del título de propiedad de los bienes o derechos (o pactan algún sustituto similar para derechos de garantía no posesorios).

En el caso B, ABC confiere a BizBank una prenda flotante (floating charge) o gravamen sobre la empresa o negocio como un todo o alguna garantía o combinación de ellas que confiera a BizBank un derecho sobre la globalidad de los activos de ABC (o tantos activos de ABC como sea posible). ABC continúa siendo el propietario y en posesión de los activos objeto de esta garantía.

El índice de fortaleza de los derechos legales incluye 8 aspectos relacionados con los derechos conferidos por las leyes de garantía y 2 aspectos relacionados con las leyes de quiebras. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes características de las leyes:

• Cualquier empresa puede utilizar bienes muebles como garantía manteniendo la posesión de tales bienes, y cualquier institución financiera puede aceptar tales bienes como garantía.
• La ley permite a la empresa conferir un derecho de garantía no posesoria en una categoría de bienes muebles tipo “revolving” (tales como cuentas a cobrar o inventario), sin requerir una descripción específica de los activos que la componen.
• La ley permite a la empresa conferir un derecho de garantía no posesorio sobre, sustancialmente, todos los activos de la empresa sin requerir una descripción específica de los activos que la componen.
• Un derecho de garantía puede alcanzar a activos futuros o adquiridos con posterioridad y extenderse a los productos, mejoras o sustitutos de los activos originales.
• Tanto en los contratos de garantía como en su registración, se permite una descripción genérica de los activos, de manera tal que las partes puedan garantizar todos los tipos de obligaciones y deudas mediante la fijación de un monto máximo, en lugar de estar obligadas a fijar un monto específico.
• Se encuentra en funcionamiento un registro de garantías unificado geográficamente y por tipo de activo y que resulta indexado por el conferente de un derecho de garantía.
• Los acreedores garantizados son pagados con preferencia (por ejemplo, con anterioridad a los privilegios impositivos generales y a los trabajadores), cuando un acreedor defaultea fuera de un proceso de insolvencia.
• Los acreedores garantizados son pagados con preferencia (por ejemplo, con anterioridad a los privilegios impositivos generales y a los trabajadores) cuando un negocio es liquidado.
• Los acreedores garantizados no están sujetos a una "suspensión automática” o moratoria en la ejecución de su garantía cuando un deudor se encuentra en un proceso judicial de reorganización.
• La ley permite a las partes a acordar en el contrato que el acreedor puede ejecutar su garantía de manera extrajudicial.

El índice varía de 0 a 10; los valores superiores indican que las leyes de garantía y de quiebras están mejor diseñadas para ampliar las posibilidades de acceso al crédito.

Índice de alcance de la información crediticia

El índice de alcance de la información crediticia analiza las reglas que influyen en la profundidad, accesibilidad y calidad de la información crediticia disponible en los burós públicos o privados de crédito. Se asigna una puntuación de 1 para cada una de las siguientes seis características de los registros públicos o los burós privados de crédito (o ambos):

• Se divulga información crediticia tanto positiva (por ejemplo, cantidad del préstamo e historial de pagos puntuales) como negativa (por ejemplo, pagos demorados y número y cantidad de impagos, así como las quiebras).
• Se distribuye información tanto de empresas como de individuos.
• Se distribuyen datos de comerciantes minoristas y de las empresas de suministros públicos, además de los datos de instituciones financieras.
• Hay disponibilidad de datos históricos durante más de dos años. Los registros que eliminan los datos de los impagos tan pronto como se salda la deuda obtienen una puntuación de 0 para este indicador.
• Se dispone de información sobre préstamos inferiores al 1% del ingreso per cápita. Un registro debe tener una cobertura mínima del 1% de la población adulta para obtener una puntuación de 1 en este indicador.
• Las regulaciones garantizan a los prestatarios su derecho a acceder a sus datos en el registro más grande de la economía que se trate.

El índice varía de 0 a 6; los valores superiores indican una mayor disponibilidad de información crediticia ya sea de registros públicos o burós privados de crédito, lo que facilita las decisiones sobre concesión de préstamos. Si el registro no es operativo o tiene una cobertura inferior al 0,1% de la población adulta, la puntuación en este índice de profundidad de información crediticia es 0.

Por ejemplo, en Turquía funcionan dos registros, uno público y uno privado. Ambos registros divulgan tanto información positiva como negativa (puntuación de 1). El buró privado distribuye datos sólo de individuos, pero el registro público se ocupa tanto de empresas como de individuos (puntuación de 1). Ambos tipos de registro comparten sus datos sólo con instituciones financieras; no se recopilan datos de empresas minoristas o empresas de suministros públicos (puntuación de 0). El buró privado distribuye más de 2 años de datos históricos (puntuación de 1). El registro público recopila datos sólo de préstamos de US$ 3.493 (64% del ingreso per cápita) o más, pero la oficina privada recolecta información en préstamos de cualquier valor (puntuación de 1). Los prestatarios tienen derecho a acceder a sus datos tanto ante el buró privado como ante el registro público (puntuación de 1). Tras sumar estos indicadores, resulta que Turquía obtiene una puntuación total de 5.

Cobertura del registro público de crédito

El indicador de cobertura del registro público de crédito informa del número de individuos y empresas con datos en el registro público de crédito que incluyen información actualizada sobre el historial de repagos, deudas impagadas o crédito pendiente de los últimos 5 años. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (la población de 15 años o más, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial 2009 que publica el Banco Mundial). Un registro público de crédito se define como una base de datos gestionada por el sector público, normalmente por el banco central o la superintendencia bancaria, que recopila información sobre la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y lo pone a disposición de las instituciones financieras. Si no hay un registro público operativo, el valor de cobertura es 0.

Cobertura del buró privado de crédito

El indicador de cobertura del buró privado de crédito señala el número de individuos y empresas con datos en los burós privados de crédito que incluyen información actualizada sobre el historial de repagos, deudas impagas o crédito pendiente de los últimos 5 años. El número se expresa como un porcentaje de la población adulta (la población de 15 años o más, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial 2009 que publica el Banco Mundial). Un buró privado de crédito se define como una empresa privada u organización sin fines de lucro que gestiona una base de datos acerca de la solvencia de los prestatarios (personas o empresas) en el sistema financiero y facilita el intercambio de información crediticia entre bancos e instituciones financieras. No son objeto de estudio las oficinas de investigación de crédito y las empresas de información de crédito que no permitan directamente el intercambio de información entre bancos e instituciones financieras. Si no existe un buró privado de crédito, el valor de cobertura es 0.

Esta metodología ha sido desarrollada en Djankov, McLiesh y Shleifer (2007) y se ha empleado aquí con pequeñas modificaciones.